Anomalías en la construcción de la Línea 12

ASF detecta anomalías en línea 12
Se firmó contrato sin estudios de impacto ni aval presupuestal, dice
   
Alberto Cuenca
El Universal
Viernes 05 de marzo de 2010
alberto.cuenca@eluniversal.com.mx

Cuando en 2008 el gobierno del Distrito Federal (GDF) arrancó las obras de la línea 12 del Metro, el proyecto inició marcado por una deficiente planeación, y diversas irregularidades técnicas y de procedimiento que derivaron en la violación de leyes locales y federales. Como resultado de esas inconsistencias, también se presume un daño al erario por 207.3 millones de pesos.

Las irregularidades detectadas forman parte de una auditoría al presupuesto federal que se asignó en 2008 para la construcción de la línea 12 a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (Fies). El órgano fiscalizador fue la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De entre las 16 recomendaciones que elaboró la ASF destaca la número 15, que advierte que la empresa constructora —Ingenieros Civiles Asociados (ICA)— no cumplió con los montos mensuales del programa de trabajo, pues registró atrasos de hasta 69.7%.

Por el retraso, la empresa se hizo acreedora a una sanción, pero el GDF calculó el monto de manera incorrecta: debió ser de 207.3 millones de pesos.

“Se presume un probable daño y perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por 207 millones 344 mil pesos más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por concepto del cálculo incorrecto de la sanción”, se lee en la auditoría.

Así, la ASF inició un pliego de observaciones para deslindar responsabilidades administrativas, con independencia de otras sanciones. Como en las otras 15 recomendaciones, al GDF se le otorgó un plazo improrrogable de 30 días hábiles para que haga sus aclaraciones.

Otras irregularidades

La Auditoría Superior también detectó que el GDF otorgó el contrato de construcción de obra a ICA sin haber presentado los estudios de impacto ambiental, urbano y de movilidad. Todos esos documentos se le entregaron a la empresa de manera extemporánea, en violación a la Ley de Obras Pública del DF.

Además, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) gestionó ante la Secretaría de Medio Ambiente para obtener la manifestación de impacto ambiental, “pero no se presentó la factibilidad de impacto urbano, las constancias documentales que acreditaran la aplicación de un presupuesto por 85 millones de pesos como medida de compensación ambiental, (como tampoco) la información financiera, los estudios de movilidad, de impacto urbano, de impacto ambiental que realizó el STC”, dice la auditoría.

Tampoco se contó con los estudios financieros necesarios para el proyecto ejecutivo, para que con eso se formulara el anteproyecto de presupuesto anual.

La ASF también estableció que la licitación pública internacional para la construcción de la línea 12 debió declararse desierta en su momento, pues el gobierno de la ciudad realizó una deficiente planeación de los recursos econó micos a comprometer en cuatro años. La inversión inicial estimada por las propias autoridades locales era de 11 mil 758 millones de pesos, pero en la licitación, la propuesta económica más baja rebasaba en 66% el presupuesto que se tenía autorizado. “Lo anterior denota que los costos estimados no estaban dentro de los rangos de mercado, por lo que debió declararse desierta la licitación en virtud de no tenerse la certeza de que se ofertaron las mejores condiciones al Estado en cuanto a economía, eficacia y eficiencia”, dijo la Auditoría Superior, al considerar que se contravino la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Otra de las deficiencias se relaciona con la adquisición del predio Terromotitla para la construcción de los talleres en la estación terminal en Tláhuac, y que en su momento fue motivo de enfrentamientos entre granaderos y habitantes de esa demarcación.

La ASF descubrió que el Metro dispuso del predio pero hasta cuatro meses después de que se publicó en la Gaceta Oficial el decreto de expropiación, lo que retrasó cuatro meses el inicio de las obras, además de que el cambio de uso de suelo se hizo forma extemporánea.