Barrios organizados se oponen a proyectos de transporte en la Ciudad de México
La respuesta del jefe de gobierno Marcelo Ebrard a la resistencia no violenta: la policía antimotín
Por Fernando León y Erin Rosa
Especial para The Narco News Bulletin
11 de enero 2011
A lo largo de su administración, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, ha usado su posición como funcionario público para comenzar la construcción de un gran número de proyectos de transporte impopulares, sin importar las cuestiones ambientales ni las personas que se verán afectadas con la construcción. Para apagar los intentos no violentos de las comunidades organizadas para impedir estos proyectos Ebrard, con intenciones presidenciales para las elecciones de 2012, ha usado al gobierno para expulsar a habitantes de sus tierras con decretos de expropiación. Si los pobladores se rehúsan a moverse y mantienen plantones para oponerse al proyecto, rápidamente envía a policías antimotines para destruir la resistencia, frecuentemente de forma violenta. Durante las fiestas decembrinas, la policía fue enviada a dos puntos de la ciudad para desalojar dos resistencias civiles que habían surgido a dos proyectos distintos.
El proyecto de construcción de la Supervía Poniente, que uniría al sur de la ciudad con el pudiente sector de negocios de Santa Fé en el poniente, ha sido detenido por la oposición de vecinos directamente afectados por dicho proyecto. Durante 5 meses los vecinos se han instalado en un plantón permanente en la zona donde yacen los restos de 50 casas expropiadas por el gobierno del Distrito Federal (GDF).
Luego del contínuo uso de la fuerza policial y de grupos provocadores para intimidar a los vecinos, al amanecer del 1 de enero el GDF de Marcelo Ebrard quiso aplicarle un madruguete a los vecinos del Frente Amplio Contra la Supervía Poniente, cuando envió a aproximadamente 200 policías, conocidos como granaderos, para tomar posesión de los predios expropiados.
Los policías habían llegado después de que dos funcionarios capitalinos, Fernando Aboitiz secretario de Obras del GDF y Jesús Lucatero, coordinador de proyectos estratégicos del DF, se acercaran a los vecinos con provocadores para simular una confrontación, lo que al parecer, sirvió de pretexto para enviar a la fuerza pública.
Rápidamente los vecinos sonaron las campanas de la iglesia local, lo que hizo que más de 300 habitantes de la colonia afectada de La Malinche se acercaran al lugar. Los policías se instalaron en dos puntos cercanos al plantón instalado en la colonia, instalando vallas metálicas que sirvieron para que trabajadores de la empresa española concesionada para la construcción, OHL, ingresaran a derrumbar lo que quedaba de las casas expropiadas.
Vecinos entrevistados por Narco News al momento del ingreso policiaco, afirmaron que aproximadamente desde el 15 de diciembre han observado camionetas tipo Suburban en los alrededores con hombres portando cámaras en su interior, y que fotografían a los integrantes del plantón.
A pesar de que la administración de Marcelo Ebrard dice que "está y estará dispuesta al diálogo", durante más de seis meses no aceptó las peticiones de diálogo del Frente, ni de los vecinos afectados. Esto, a pesar de que una Comisión Civil de Acompañamiento, formada en noviembre pasado por intelectuales y defensores de derechos humanos, ha pedido audiencia con el Jefe de Gobierno Ebrard para plantear las inquietudes de los vecinos, lo que finalmente ha sido concedido para el próximo miércoles 12 de enero, aún a pesar de que la construcción ha comenzado y que la intimidante policía se encuentra en la zona.
Esta nueva intimidación forma parte de la estrategia que el gobierno de Marcelo Ebrard ha aplicado con distintos conflictos y movimientos que se oponen a sus megaproyectos arbitrarios.
En la colonia Narvarte, colonia de media clase localizada al sur del centro de la ciudad, los vecinos comenzaron un plantoń el 1 de diciembre para oponerse a la construcción de un paradero de la línea 3 del Metrobús sobre la diagonal San Antonio. De acuerdo con los vecinos opositores al proyecto, el paradero que cruzaría la tranquila zona residencial arruinaría los negocios locales y molestaría a sus habitantes. El Gobierno del Distrito Federal tampoco realizó un estudio ambiental sobre el suelo, y los vecinos están preocupados porque la construcción afectaría los cimientos de más de 200 hogares. En la actualidad existe ya una línea del Transporte Colectivo Metro en el vecindario, y una línea de metrobús en la intersección principal donde se ubicaría el paradero al sur del Eje 4.
Después de que el gobierno de la ciudad se negara a negociar o a escuchar las preocupaciones de los vecinos sobre el proyecto, los habitantes decidieron instalar un plantón. En una pequeña carpa colocada entre las barricadas de construcción en la calle, los vecinos tomaron turnos para mantenerse en el área e impedir que las máquinas destruyeran las palmeras para comenzar la excavación para la línea del autobús. Alrededor de las 10:30 p.m. del 28 de diciembre, la ciudad envió un estimado de 500 a 700 policías antimotín o granaderos para desalojar a los habitantes del plantón. "Los granaderos llegaron sin una negociación o comunicación de las autoridades", dijo Sofía Cárdenas, habitante de Narvarte que se encontraba en el plantón la noche que llegó la policía. "Comenzaron a usar la fuerza bruta, intimidación, luego estaban golpeando a la gente… también había muchos de ellos. Finalmente, la policía rodeó la carpa del plantón y la tomó mientras empujaba físicamente a los habitantes fuera del lugar," de acuerdo con los vecinos.
Exactamente una semana después, luego de que las fotografías de la represión policial aparecieran en las primeras planas de los periódicos por toda la ciudad, los vecinos pudieron obtener un acuerdo notarial con el gobierno para negociar la línea del metrobús. El gobierno acordó realizar un estudio ambiental alrededor de la zona de construcción y dijo que el uso de la policía para destruir el plantón "fue un exceso y no debió haber pasado." A pesar del acuerdo, aún no hay garantía de que el gobierno cumpla con el estudio ambiental y detenga la construcción de la línea del metrobús en esa zona.
En el caso de otras zonas de la ciudad, el gobierno del Distrito Federal pretende transformar pueblos originarios en parte de una metrópoli que se devora a sí misma. En el caso del sur de la ciudad, en la región de Tláhuac, el GDF intenta urbanizar espacios rurales que forman parte de pueblos con una fuerte raigambre indígena campesina.
El GDF amenazando las zonas rurales del sur de la ciudad
Desde hace tres años, vecinos de la delegación Tláhuac comenzaron a organizarse para impedir que distintos proyectos del Gobierno del Distrito Federal y que los afectaban directamente se constuyeran. Fue en octubre de 2007 en que formaron el Frente de Pueblos del Anáhuac, junto a habitantes de distintos poblados de la demarcación.
Tres años después, algunos de esos proyectos—como la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México—ya han iniciado. Ante tal panorama, los miembros del Frente organizados tratan de rescatar sus pueblos centenarios de la vorágine urbana de la Ciudad de México.
La expansión que dicha ciudad ha alcanzado en las últimas décadas ha devorado, literalmente, a decenas de pueblos que se encontraban en sus alrededores. San Franciso Tlaltenco es uno de ellos, y uno de los siete pueblos originarios de la delegación Tláhuac. Y es aquí donde el equipo de Narco News dialogó con algunos de los miembros fundadores del Frente.
Leonardo Jiménez ha vivido sus 48 años en las tierras del ejido de Tlaltenco. La pared de lo que serán las vías del metro y de la estación que llevará el mismo nombre del pueblo, colindan directamente con su huerta de 2500 metros cuadrados. Aquí, siembra durazno y tiene un pequeño establo que le heredó su madre. A pesar de que las autoridades delegacionales han denostado la labor del campo, Leonardo comenta que sus tierras producen lo necesario para mantener los estudios universitarios de sus hijos. Para él, lo que Marcelo Ebrard pretende con urbanizar los pueblos de Tláhuac es que los campesinos abandonen sus tierras y "vayan a comprar sus elotitos, romeritos y acelgas al WalMart que quieren introducir." Y es que, el proyecto urbanizador del metro va acompañado de todo un complejo sistema que incluye: la construcción de un reclusorio, un centro de reciclaje, y un inmenso proyecto inmobiliario que contempla la construcción de al menos 40,000 departamentos habitacionales en la zona.
Y para lograr la construcción de todo este entramado urbano, el gobierno del Distrito Federal se ha valido de todos los mecanismos posibles, y que incluyen, de acuerdo con el Frente, intimidaciones, expropiaciones, entre otros. Jiménez menciona que desde hace casi 30 años el cacique del pueblo, Gordonio Méndez, ha controlado el comisariado ejidal local, lo que ha permitido que las expropiaciones del gobierno de Ebrard Casaubón tengan el apoyo del cacique y del comisariado. Con estos proyectos, Jiménez comenta que sus compañeros habitantes del pueblo tendrán que emigrar, ya que, con la urbanización y el cambio en el uso de suelo llegará la gentrificación, expulsando a la gente por los elevados costos de vivir en la región.
A Tomás Hernández lo preceden 5 generaciones en Tlaltenco, toda su vida la ha pasado en este pueblo. Comenta que precisamente uno de los proyectos que el Frente tiene para concientizar a la población sobre las afectaciones que el GDF trae consigo es el de la construcción de una memoria colectiva en el pueblo. La reivindicación de la cultura local es muy importante para Tomás. Comenta que con esto esperan "que la gente mayor venga y nos exponga lo que vieron sus ojos, y lo que nosotros no vimos y estamos a punto de perder," ya que con esto se podrá "establecer un diálogo con el pasado, para ver en donde estamos."
Tomás está preocupado por las graves afectaciones que la urbanización traerá para su pueblo. Refiere que con la construcción del Centro Integral de Reciclado y Energía (CIRE) se contaminará seriamente la ecología y el agua de la región, el cual generará gases que afectarán a la población asentada en la región. Sin embargo, Hernández cree que esto no es importante para Marcelo Ebrard, ya que para él, "nosotros [los habitantes de la región] somos desechables."
Las afectaciones que el CIRE traerá por sí solo no son las únicas que todo el proyecto urbanizador en conjunto trae consigo. Las tierras de la zona de Tláhuac no son susceptibles de urbanizar, ya que están compuestas por llanos y humedales. De acuerdo con el Convenio de Ramsar firmado en 1971, del que México forma parte, y que contempla la protección y conservación de los humedales, los llanos son termoreguladores. Por tal motivo Hernández comenta que "el impacto de estas obras es global, no es local, de Tlaltenco o de la ciudad, sino que va directamente al aumento de la temperatura global."
Sin embargo, estas obras casualmente ocurren cuando el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, es elegido alcalde del año de entre 840 alcaldes de todo el mundo. El premio, otorgado por la fundación City Mayors, dice que Ebrard es reconocido, entre otras cosas porque: "se ha convertido en un abogado de los temas ambientales respetado internacionalmente." Y después de haber sido galardonado, asistió a la Cumbre Climática de la ONU celebrada en Cancún, México para exponer las acciones que su gobierno realiza en contra del cambio climático, aún a pesar que sus proyectos de infraestructura como la Supervía Poniente, la construcción del CIRE en Tláhuac y la urbanización de esa región, entre otros, distan mucho de ser congruentes con su discurso.
Para los integrantes del Frente de Pueblos del Anáhuac, este discurso es mera retórica. "¿Dónde quedo el progreso que planteaba Marcelo Ebrard? Ese progreso no es para nosotros", comenta Leonardo Jiménez. Los integrantes del Frente de Pueblos del Anáhuac, del Frente en Contra de la Supervía y los vecinos de Narvarte coinciden en el autoritarismo con el que los diversos proyectos se han implementado. Los habitantes de Tláhuac, de acuerdo con el Frente, nunca fueron consultados, y cuando exigieron la información de los proyectos que los afectaban directamente, el jefe de gobierno envió a más de 60 granaderos como forma de diálogo. Algo muy recurrente durante su gobierno.
